ALMERÍA
El viceconsejero de Medio Ambiente defiende premiar al que haga un buen uso y penalizar al que la malgaste Más de cien agentes participaron ayer en una jornada de debate del 'Acuerdo Andaluz por el Agua'
14.11.08 -
PRESENTACIÓN. Un momento del inicio de la jornada de debate sobre el 'Acuerdo Andaluz por el Agua', ayer en el hotel NH. / IDEAL
El viceconsejero de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Juan Jesús Jiménez, no se quiso mojar ayer a propósito de la posibilidad de trasvasar los posibles excedentes de agua desde la cuenca del Guadalfeo (Granada) hasta el Poniente almeriense. En declaraciones a IDEAL adujo que en esos momentos desconocía la situación de dicha cuenca y si tenía o no excedentes de agua.
No obstante, y más allá de los casos concretos de posibles transferencias hídricas -que puedan levantar ampollas-, el alto cargo del Gobierno andaluz sí recalcó a este periódico que «cada vez es más difícil hablar de cuencas de forma aislada: nuestra idea es hacer una gestión lo más unitaria posible en Andalucía, de manera que podamos aplicar recursos excedentes de un sitio a otro donde haya necesidades. Gestionar todas las aguas de Andalucía como una gran cuenca donde apliquemos el agua a aquellos sitios donde mayores plusvalías socioeconómicas se obtenga». De esta manera, vino a decir que si la provincia de Almería sigue aprovechando el agua como lo viene haciendo no tendrá dificultades a la hora de conseguir los recursos que no se gestionen tan bien como aquí. Y es que, según sentenció, la intención del Ejecutivo andaluz es «primar el uso eficiente y eficaz del agua y penalizar el despilfarro».
Así lo aseguró Juan Jesús Jiménez a los más de cien agentes sociales y económicos que asistieron ayer a la jornada de debate organizada por la Consejería de Medio Ambiente para dar a conocer en la provincia el borrador inicial que servirá de base para el Acuerdo Andaluz sobre el Agua, acuerdo que, a su vez, desembocará en la futura Ley del Agua de Andalucía, cuyo anteproyecto estará elaborado en el primer semestre de 2009.
El borrador, que recoge 76 puntos, ha sido elaborado por siete grupos de trabajo en los que han participado agentes socioeconómicos y expertos, y en él se recogen propuestas para la mejora de la gestión del agua.
El documento, que se firmará antes de fin de año, se ha dividido en cinco apartados, que van, desde la administración hidráulica, a la participación de la sociedad en la política de aguas, o la financiación de dicha política:
ADMINISTRACIÓN EFICAZ
Horizonte 2015
El borrador del Acuerdo habla del compromiso de poner en marcha un programa de modernización de la administración, para hacerla más eficaz. El principio de proximidad a la ciudadanía -a través de las delegaciones provinciales- es compatible con la realidad del ciclo hidrológico y el respeto a la unidad de gestión de los sistemas hidráulicos. El horizonte para aplicar el contenido del Acuerdo será 2015,como obliga la Directiva Marco del Agua, de la UE.
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Búsqueda de consensos
Se propone articular la participación de la sociedad en la toma de decisiones y en la búsqueda de consensos. Y es que, la futura Ley de Aguas de Andalucía debe ser fruto del consenso entre todas las fuerzas políticas y sociales, que permita desarrollar una política que garantice que el agua no sea un factor limitante del crecimiento.
USO SOSTENIBLE
Premio y castigo
Partiendo del hecho de que «el agua es un patrimonio común indispensable e insustituible para la vida y un recurso finito muy vulnerable... todos los usuarios debemos ser conscientes de nuestra situación de privilegio y de nuestra obligación ética para la conservación en cantidad y calidad de los recursos hídricos».
El borrador del acuerdo habla de la creación de un observatorio andaluz del agua, pionero en España, con capacidad legal de exigir información sobre la prestación del servicio de agua, de manera que la Administración pueda intervenir en dicho servicio.
Tanto para el uso doméstico como para otros usos, las tarifas del agua se establecerán en función del volumen, con el fin de «incentivar el ahorro y el uso responsables, penalizando el derroche por encima de determinados umbrales».
Se establecerán ordenanzas de vertidos de carácter subsidiario en los municipios que carezcan de norma propia. Hoy por hoy, el 15% de las aguas residuales de Andalucía -principalmente en los pequeños municipios- no son tratadas en depuradoras. Se pondrá en marcha un plan de choque que, con la implicación de las diputaciones provinciales, permita extender la depuración al 100%.
RECURSO PRODUCTIVO
Banco público del agua
En 2009 se elaborarán unos planes hidrológicos que definirán la política del agua en Andalucía, que dispondrá de una Ley propia, cuyo anteproyecto está previsto que se elabore en el primer semestre de 2009. El incremento futuro de los recursos hídricos se destinará prioritariamente a la recuperación del buen estado ecológico de las masas de agua. «Donde existan recursos movilizables, se llevarán a cabo las inversiones necesarias para la construcción de infraestructuras -convencionales o de desalación-, siempre que no se perjudique al medio ambiente y se cumplan los objetivos de la Directiva Marco».
Teniendo en cuenta que el 80% del agua que se consume en Andalucía se destina al riego agrícola, el borrador establece el año 2015 como el horizonte para culminar el proceso de modernización de los regadíos. Una vez que se firme el Acuerdo Marco, se dará un año de plazo para «la adecuación de las concesiones». A partir de 2015, las concesiones y dotaciones de todas las zonas de regadío serán reajustadas a los niveles correspondientes a la aplicación de técnicas modernas de riego. Es decir, que se ajustará la asignación de agua, se disponga o no de un sistema moderno de regadío.
También a partir de 2015 se generalizará la facturación por consumo a todos los concesionarios, de manera que se penalizarán los consumos abusivos.
Se creará un Banco Público de Agua como herramienta para disponer de recursos suficientes para atender las demandas prioritarias o de interés general, dando prioridad a la medioambiental y recursos alternativos en situaciones de sequía.
GESTIÓN COMPROMETIDA
Cambio climático
La política de aguas, según los redactores del Acuerdo, debe tener en cuenta los efectos «probables» del cambio climático y su impacto. Entre otras propuestas, precisa que la demarcación de los caudales ecológicos tendrá prioridad sobre los demás usos. Establece un plazo de cuatro años para que la Administración culmine la delimitación de las zonas inundables. Asimismo, se pondrán en servicio normativas para reforzar la protección de los terrenos inundables con el fin de evitar su ocupación.
Los municipios de más de 10.000 habitantes tendrán la obligación de redactar planes de emergencia ante situaciones de sequía.
Asimismo se habla de la interconexión de sistemas hídricos, que permitirán la diversificación de las fuentes de suministro, haciendo permeables los sistemas, de manera que se incremente la seguridad del servicio de atención de demandas prioritarias en ciclos de escasez de agua.
FINANCIACIÓN
'Quien contamina, paga'
Los redactores del Acuerdo del Agua hablan de la necesidad de revisar el régimen económico-financiero actual, de manera que responda a los principios de «generalidad, equidad, calidad en el servicio, incentivación de la eficiencia, responsabilidad medioambiental y transparencia».
También recogen la necesidad de aproximarse al principio de recuperación de costes que establece la Directiva Marco de Europa, que considera irrenunciable también el principio de que «quien contamina, paga», cuya aplicación contribuirá a hacer respetar y cuidar un recurso que es de todos. Por ello, se implantará con carácter general para todos los usuarios de aguas superficiales un canon de financiación de las infraestructuras. El canon andaluz, en el caso del uso doméstico, tendrá carácter progresivo y se implantará a lo largo de cuatro años.
No obstante, y más allá de los casos concretos de posibles transferencias hídricas -que puedan levantar ampollas-, el alto cargo del Gobierno andaluz sí recalcó a este periódico que «cada vez es más difícil hablar de cuencas de forma aislada: nuestra idea es hacer una gestión lo más unitaria posible en Andalucía, de manera que podamos aplicar recursos excedentes de un sitio a otro donde haya necesidades. Gestionar todas las aguas de Andalucía como una gran cuenca donde apliquemos el agua a aquellos sitios donde mayores plusvalías socioeconómicas se obtenga». De esta manera, vino a decir que si la provincia de Almería sigue aprovechando el agua como lo viene haciendo no tendrá dificultades a la hora de conseguir los recursos que no se gestionen tan bien como aquí. Y es que, según sentenció, la intención del Ejecutivo andaluz es «primar el uso eficiente y eficaz del agua y penalizar el despilfarro».
Así lo aseguró Juan Jesús Jiménez a los más de cien agentes sociales y económicos que asistieron ayer a la jornada de debate organizada por la Consejería de Medio Ambiente para dar a conocer en la provincia el borrador inicial que servirá de base para el Acuerdo Andaluz sobre el Agua, acuerdo que, a su vez, desembocará en la futura Ley del Agua de Andalucía, cuyo anteproyecto estará elaborado en el primer semestre de 2009.
El borrador, que recoge 76 puntos, ha sido elaborado por siete grupos de trabajo en los que han participado agentes socioeconómicos y expertos, y en él se recogen propuestas para la mejora de la gestión del agua.
El documento, que se firmará antes de fin de año, se ha dividido en cinco apartados, que van, desde la administración hidráulica, a la participación de la sociedad en la política de aguas, o la financiación de dicha política:
ADMINISTRACIÓN EFICAZ
Horizonte 2015
El borrador del Acuerdo habla del compromiso de poner en marcha un programa de modernización de la administración, para hacerla más eficaz. El principio de proximidad a la ciudadanía -a través de las delegaciones provinciales- es compatible con la realidad del ciclo hidrológico y el respeto a la unidad de gestión de los sistemas hidráulicos. El horizonte para aplicar el contenido del Acuerdo será 2015,como obliga la Directiva Marco del Agua, de la UE.
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Búsqueda de consensos
Se propone articular la participación de la sociedad en la toma de decisiones y en la búsqueda de consensos. Y es que, la futura Ley de Aguas de Andalucía debe ser fruto del consenso entre todas las fuerzas políticas y sociales, que permita desarrollar una política que garantice que el agua no sea un factor limitante del crecimiento.
USO SOSTENIBLE
Premio y castigo
Partiendo del hecho de que «el agua es un patrimonio común indispensable e insustituible para la vida y un recurso finito muy vulnerable... todos los usuarios debemos ser conscientes de nuestra situación de privilegio y de nuestra obligación ética para la conservación en cantidad y calidad de los recursos hídricos».
El borrador del acuerdo habla de la creación de un observatorio andaluz del agua, pionero en España, con capacidad legal de exigir información sobre la prestación del servicio de agua, de manera que la Administración pueda intervenir en dicho servicio.
Tanto para el uso doméstico como para otros usos, las tarifas del agua se establecerán en función del volumen, con el fin de «incentivar el ahorro y el uso responsables, penalizando el derroche por encima de determinados umbrales».
Se establecerán ordenanzas de vertidos de carácter subsidiario en los municipios que carezcan de norma propia. Hoy por hoy, el 15% de las aguas residuales de Andalucía -principalmente en los pequeños municipios- no son tratadas en depuradoras. Se pondrá en marcha un plan de choque que, con la implicación de las diputaciones provinciales, permita extender la depuración al 100%.
RECURSO PRODUCTIVO
Banco público del agua
En 2009 se elaborarán unos planes hidrológicos que definirán la política del agua en Andalucía, que dispondrá de una Ley propia, cuyo anteproyecto está previsto que se elabore en el primer semestre de 2009. El incremento futuro de los recursos hídricos se destinará prioritariamente a la recuperación del buen estado ecológico de las masas de agua. «Donde existan recursos movilizables, se llevarán a cabo las inversiones necesarias para la construcción de infraestructuras -convencionales o de desalación-, siempre que no se perjudique al medio ambiente y se cumplan los objetivos de la Directiva Marco».
Teniendo en cuenta que el 80% del agua que se consume en Andalucía se destina al riego agrícola, el borrador establece el año 2015 como el horizonte para culminar el proceso de modernización de los regadíos. Una vez que se firme el Acuerdo Marco, se dará un año de plazo para «la adecuación de las concesiones». A partir de 2015, las concesiones y dotaciones de todas las zonas de regadío serán reajustadas a los niveles correspondientes a la aplicación de técnicas modernas de riego. Es decir, que se ajustará la asignación de agua, se disponga o no de un sistema moderno de regadío.
También a partir de 2015 se generalizará la facturación por consumo a todos los concesionarios, de manera que se penalizarán los consumos abusivos.
Se creará un Banco Público de Agua como herramienta para disponer de recursos suficientes para atender las demandas prioritarias o de interés general, dando prioridad a la medioambiental y recursos alternativos en situaciones de sequía.
GESTIÓN COMPROMETIDA
Cambio climático
La política de aguas, según los redactores del Acuerdo, debe tener en cuenta los efectos «probables» del cambio climático y su impacto. Entre otras propuestas, precisa que la demarcación de los caudales ecológicos tendrá prioridad sobre los demás usos. Establece un plazo de cuatro años para que la Administración culmine la delimitación de las zonas inundables. Asimismo, se pondrán en servicio normativas para reforzar la protección de los terrenos inundables con el fin de evitar su ocupación.
Los municipios de más de 10.000 habitantes tendrán la obligación de redactar planes de emergencia ante situaciones de sequía.
Asimismo se habla de la interconexión de sistemas hídricos, que permitirán la diversificación de las fuentes de suministro, haciendo permeables los sistemas, de manera que se incremente la seguridad del servicio de atención de demandas prioritarias en ciclos de escasez de agua.
FINANCIACIÓN
'Quien contamina, paga'
Los redactores del Acuerdo del Agua hablan de la necesidad de revisar el régimen económico-financiero actual, de manera que responda a los principios de «generalidad, equidad, calidad en el servicio, incentivación de la eficiencia, responsabilidad medioambiental y transparencia».
También recogen la necesidad de aproximarse al principio de recuperación de costes que establece la Directiva Marco de Europa, que considera irrenunciable también el principio de que «quien contamina, paga», cuya aplicación contribuirá a hacer respetar y cuidar un recurso que es de todos. Por ello, se implantará con carácter general para todos los usuarios de aguas superficiales un canon de financiación de las infraestructuras. El canon andaluz, en el caso del uso doméstico, tendrá carácter progresivo y se implantará a lo largo de cuatro años.
