El Gobierno volvió a identificar ayer la recuperación del mercado laboral y la protección a los parados como su prioridad esencial, un compromiso que ya expresó el presidente Rodríguez Zapatero en julio ante el Congreso. El plan de recolocación para quienes estaban perdiendo ya su trabajo y la incentivación de los servicios públicos de empleo se ha demostrado con el paso de los meses ineficaz para paliar los efectos de una crisis de singular ferocidad, que ha dejado al descubierto las insuficiencias de un modelo en el que la pujante actividad vinculada a sectores de contratación intensiva, como la construcción, no se ha visto acompañada de medidas decididas que reforzaran ese capital humano dotándolo de mayor cualificación. El incremento de despidos de trabajadores con una limitada formación dificulta los procesos de reinserción laboral, al tiempo que la parálisis económica cortocircuita las posibilidades de tránsito hacia un mercado más orientado a la productividad y el valor añadido, dado que lo prioritario ahora es contener la sangría de nuevos desempleados. Los efectos de la misma, intensificados por el elevado endeudamiento de las familias, urge al Gobierno a diseñar un plan compactado que dé coherencia a las iniciativas dispersas adoptadas en los últimos meses y que identifique, junto a empresarios y sindicatos, las carencias y los instrumentos para tratar de corregirlas, anteponiendo la llegada real de financiación a las empresas y la reactivación del consumo. Pero junto a ello, la superación que la realidad está haciendo de las previsiones contenidas en los Presupuestos y su posible impacto sobre el déficit público interpela a la responsabilidad del Ejecutivo para reajustar el proyecto en una negociación parlamentaria abierta al conjunto de la oposición.





