El Algarrobico: deslinde entre el interés general y la utilidad pública

EN la entrevista publicada en este periódico, la ministra de Medio Ambiente y Medio Rural, Sra. Espinosa, contestaba a la pregunta sobre las conversaciones de su Departamento con Azata del Sol para dar una solución al hotel del Algarrobico asegurando que está a la espera de disponer del informe que están realizando los Servicios Jurídicos de su Departamento sobre la sentencia que obliga al Ayuntamiento de Carboneras a revisar la licencia de obras por un error al publicarse la cartografía del PORN de Cabo de Gata en diciembre de 1994. Recordamos que la Sra. Espinosa manifestó al asumir su Ministerio las responsabilidades medioambientales, su decisión de llevar a cabo una política inspirada en el «desarrollo sostenible y equilibrado medioambientalmente», alternativa muy distinta de la política conservacionista a ultranza que había desarrollado su antecesora en Medio Ambiente, la Sra. Narbona. Los Servicios Jurídicos y el equipo directivo que rige actualmente la Dirección General de Costas deberán analizar con rigor y precisión la situación real en la que se encuentran las obras del hotel, los objetivos de carácter social que lo legitiman, los antecedentes legales que lo justifican y las decisiones que en derecho procede adoptar para preservar tanto el interés general de la población afectada como la utilidad pública de la costa. La falta de estas justificadas cautelas en la anterior legislatura generó el conflicto del Algarrobico. La meditada cautela de la ministra Sra. Espinosa anima a pensar que ahora se van a garantizar para resolverlo definitivamente. En esa dirección cautelar cabe identificar el proyecto turístico que legitima y ampara el hotel, proyecto que inició su andadura legal hace 25 años al destinarse en las Normas Subsidiarias (NN. SS.) de Carboneras el paraje del Algarrobico a la ampliación del casco urbano para ubicar este complejo, que se confirmó en la ampliación del Parque Natural hacia Carboneras en diciembre de 1994 reservando este terreno para asegurar la supervivencia económica de la población y que quedó finalmente avalado por el Plan de Desarrollo Sostenible de Cabo de Gata-Níjar, aprobado por la Junta de Andalucía para asegurar crecimiento económico y empleo estable en la zona. Es este objetivo de interés general para la población y no el invocado en la sentencia dictada por el juez Rivera, que lo sustituye por el de «retorno del terreno en su estado natural», el que legitima el hotel y justificó la licencia de obras en su día. En defensa del interés general de la población y aceptado el carácter edificable de los terrenos por las tres Administraciones competentes (Ministerio de Medio Ambiente, Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Carboneras), la Dirección General de Costas del Ministerio inició en diciembre de 1996 el expediente de deslinde de la zona marítimo-terrestre con una anchura de 20 m. (la fachada del hotel se encuentra a 50 m de la línea de deslinde) y en febrero de 1998 dio su «informe favorable» a las nuevas NN.SS de Carboneras que mantenía El Algarrobico como suelo urbano, manteniendo la indicada anchura de 20 m. La Sra. Narbona hizo reconocimiento público de esta legitimidad cuando hace tres años, desde la tribuna de las Cortes, anunció su alternativa política de «expropiar el hotel del Algarrobico para proceder a su derribo y recuperar el terreno a su estado natural, compensando al pueblo de Carboneras por ello», alternativa que se materializó con el expediente de expropiación iniciado por la Dirección General de Costas en marzo de 2006, habiéndose llegado a un acuerdo sobre el justiprecio para la adquisición pública del edificio el pasado mes de marzo. Por último debemos señalar que la iniciativa política de la Sra. Narbona para hacer desaparecer el hotel, además de abortar un proyecto turístico de proyección eminentemente social (en la actualidad una necesidad singularmente vital para la zona), es desde el punto de vista técnico prácticamente irrealizable, económicamente disparatado y de resultados medioambientales totalmente negativos. Tras una imposible operación de derribo del edificio-rehabilitación del terreno sólo quedaría una imagen permanente de ruina y desolación en el litoral. Seguro que a la luz de la actual legislación de Costas, los técnicos, jurídicos y representantes institucionales podrán encontrar una solución que equilibre los legítimos objetivos previstos y ello con el menor coste social, económico y medioambiental para Carboneras y para toda la provincia de Almería.