Nueve no es un número muy alto, ni alarmante, pero cuando se trata de agresiones físicas ya es excesivo. Nueve son los pacientes que, durante el primer semestre del año, han atacado al personal sanitario en alguno de los centros de salud de la comarca de Poniente o bien en el Hospital.

Para intentar evitar que se produzca más violencia en espacios que nacieron con la vocación de aportar salud, la administración autonómica ha intensificado las medidas de control y alarma para proteger al personal sanitario. Así, todos los consultorios y centros de salud cuentan ya con pulsadores antipánico, instalados tanto en las consultas médicas, en las de enfermería y en la de los trabajadores sociales. Esta medida, que hace aproximadamente un año era muy escasa en la comarca de Poniente, según los datos facilitados por la Delegación de Salud, ya está extendida a todos los centros.

Pero además de esos pulsadores, que permiten avisar al resto del personal de que uno de sus compañeros está siendo agredido, los consultorios y centros de salud también han instalado otras medidas disuasorias como las cámaras de videovigilancia. De esta forma, en el Distrito Sanitario de Poniente hay cámaras en todos aquellos centros que están dotados con dispositivos de Cuidados Críticos y de Urgencias como Ejido Norte, Roquetas de Mar, Laujar, Adra, Puebla de Vícar o Aguadulce. Y además, también en los centros con más demanda de usuarios como Ejido Norte y Roquetas de Mar hay sendos vigilantes de seguridad.

En cuanto a las medidas de seguridad que hay instaladas en el Hospital de Poniente son, si cabe, aún más amplias para que al menos los pacientes alterados se lo piensen antes de llegar a las manos. En total, el centro hospitalario cuenta con doce pulsadores de emergencia, de los cuales siete están ubicados en las consultas de Urgencias (bajo la mesa del facultativo) y cinco en la unidad de Salud Mental. Además, hay hasta 17 cámaras de videovigilancia distribuidas en el interior del edificio -fundamentalmente en las salas de espera de Urgencias, consultas externas y hospitalización- y otras cuatro más en el exterior del hospital. Además, dentro del área de Salud Mental se instaló un circuito cerrado de televisión para controlar el posible comportamiento alterado de alguno de los pacientes.

En cuanto al personal de vigilancia, el Hospital de Poniente tiene trece personas establecidas en tres turnos de mañana, tarde y noche. En cualquier caso, la presencia de estos profesionales está reforzada en las áreas de Urgencias, los accesos a Hospitalización y en Consultas Externas.

Aún así, desafortunadamente, todas esas medidas no evitaron que en el primer semestre de 2008 se produjesen seis agresiones físicas en el Distrito de Poniente y tres en el hospital.

Procedimiento

Antes de ubicar este amplio 'arsenal' para evitar las agresiones en el ámbito sanitario, la Consejería de Salud realizó un mapa de riesgo para detectar las zonas de la provincia, los consultorios y las áreas en las que se presentaban más problemas de esta índole.

Las medidas preventivas básicas que contempla el Plan Integral contra las Agresiones (además de la formación de los propios profesionales, para dotarlos de recursos que les permitan actuar ante situaciones de conflicto), son la implantación de sistemas de videovigilancia, refuerzo de la presencia de vigilantes de seguridad y la colocación de timbres avisadores en las consultas.

En esta línea, la provincia almeriense puede sentirse afortunada porque del medio millar de timbres que se han instalado en toda la comunidad andaluza, unos 300 lo han hecho en Almería.

La otra parte del plan establece el protocolo de actuación una vez que se ha producido una agresión a cualquier profesional. Este protocolo se activa inmediatamente después de que el profesional notifique el ataque sufrido y contempla en primer lugar la prestación inmediata de atención sanitaria. Igualmente, se ofrece al profesional tanto apoyo psicológico, como asesoramiento jurídico. El sanitario que así lo desee puede recurrir a los asesores legales del SAS y de las Empresas Públicas, que en la mayoría de los casos son quienes les representan en los procedimientos jurídicos abiertos con motivo de agresiones. Igualmente, si el procedimiento lo permite, la Consejería también se persona como acusación particular en las causas.

Los letrados de la Consejería que defienden a los profesionales agredidos están instando a jueces y fiscales a que califiquen estos actos como 'atentado a la autoridad', tipificado como delito en el código penal. De esta forma, las penas a las que se enfrentan los agresores son mayores que las derivadas de una simple falta.

Precisamente una de las última sentencias, dictada este verano contra una vecina de El Ejido que agredió a una celadora del Hospital de Poniente, condenaba a la acusada a ocho meses de cárcel y una multa de 240 euros por propinar a la profesional sanitaria varios puñetazos.

Sin justificación

La directora del Distrito Sanitario de Poniente, Pilar Espejo, afirmó a IDEAL que «una agresión es un exceso y toda la sociedad debe rechazar esa actitud y condenar al agresor porque llegar a las manos no está justificado en ningún caso». Así, Espejo insistió en que «lo que diferencia al ser humano del animal es su capacidad de comunicación, de explicar serenamente si no está de acuerdo con la decisión médica» y además recordó que «lo usuarios tienen a su disposición herramientas suficientes para mostrar su disconformidad desde los asuntos más simples hasta los más graves».

Por ello, la directora del Distrito Sanitario señaló que las nueve agresiones registradas en la comarca «son muchas porque una sola ya lo sería, no pueden estar justificadas».