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HACE apenas unos días, con ocasión de la presentación de sus cuasi memorias 'Un hombre solo', el periodista Julián Lago señaló en un programa de televisión, en Telecinco, que Felipe González fue el instaurador de la corrupción en España, durante su etapa como presidente del Gobierno.

Cuesta creer que semejante afirmación no haya tenido respuesta, ni desmentido, ni siquiera eco en los medios de comunicación. Y es que acaso los receptores de tan rotundo mensaje prefieren callar antes de remover la inmundicia. Pero resulta abrumador, que se dé por hecho, por común, por consabido -y por tanto adquiera rango de normalidad- que la corruptela haya invadido las instituciones y se haya aposentado en la probidad de los políticos como quien se habitúa a un horario inoportuno.

Entre sus muchas acepciones, el vocablo corrupción, referido a las administraciones públicas, designa la práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho -económico o de otra índole- de sus gestores. Pero, en otra extensión conceptual, este mismo vocablo significa «un acuerdo inmoral entre un corruptor y un corrupto, o entre corruptos aliados en perjuicio de otros, que beneficia a algunos en sus propósitos particulares, por encima de la ley en el plano político. La corrupción consiste en el uso del poder público para el logro de beneficios particulares o sectoriales, que no se identifican ni comulgan con el bien común».

En el largo listado de países corruptos que edita anualmente la Agencia Transparency Internacional, España figura en el número 25, muy por debajo de la honorabilidad de Nueva Zelanda, Dinamarca, Finlandia, Singapur, Suecia, Holanda, Suiza, Noruega, Canadá, Australia, Luxemburgo, Reino Unido, Austria, Alemania, Francia, Estados Unidos, etc., pero mucho menos corrupto -a años luz, faltaría más- que Somalia, Irak, Haití, Afganistán, Sudán, Laos, Venezuela o Camboya.

Y es que si la educación de nuestros adolescentes ocupa uno de los peores puestos en la Europa comunitaria, no es muy distinta la situación en lo que a corrupción se refiere. En estos casos España da la talla, la talla más baja. Sírvannos de ejemplo los dos casos tristísimos y grotescos que aún ocupan las portadas de los periódicos: Ayuntamiento de Marbella y Ayuntamiento de Coslada, con toda suerte de tramas, intrigas, maquinaciones y redes mafiosas. Acaso el paradigma de lo que el Estado consiente, haciendo oídos sordos y ojos ciegos, facultando incluso los hábitos perversos de muchos políticos y funcionarios que acaparan puestos de lujo y privilegio, nombramientos a dedo, múltiples cargos en empresas públicas o semipúblicas: consejos de administración, comisiones, presidencias, vicepresidencias, endogamias, chanchullos con los que las administraciones sirven de tapadera a la empresa privada; intrigas y manejos para controlar, quitar y poner a los representantes, consejeros e incluso militantes de grupos políticos a los que se acaba por pagar los servicios prestados, hasta el punto de crear para ellos, a su medida, cargos públicos -a costa de todos los contribuyentes-, inauditos e inútiles, con los que se compensa su lealtad de muchos años.

Tal y como dejó escrito la filósofa y escritora estadounidense, de origen ruso, Alissa Zinovievna Rosenbaum, (Ayn Rand) en su celebérrimo libro 'La rebelión de Atlas': «Cuando vean que para producir, necesitan obtener permiso de los hombres que no producen nada; cuando vean que el dinero fluye a quienes comercian, no en bienes, sino en favores; cuando vean que los hombres se hacen más ricos con la estafa que con el trabajo, y sus leyes no los protejan de ellos, pero los protejan a ellos de ustedes; cuando vean que la corrupción es recompensada y la honradez se convierte en un sacrificio personal; entonces sabrán que su sociedad está condenada».

El sociólogo Rubén Aroca, en su trabajo titulado 'Corrupción, élites, democracia y valores', en el que España aparece entre los países más corruptos según la reputación de los servicios públicos -este indicador sitúa a nuestro país entre los más corruptos, junto a Turquía, Corea del Sur o México- afirma que «la corrupción es un problema eminentemente político. Las élites que han manejado el país hasta ahora lo han hecho funcional a sus aspiraciones de mantenimiento del 'status quo'. La explicación de porqué en los últimos tiempos se han hecho públicos un sinnúmero de casos de corrupción, no se debe a un mayor grado de sinceridad de la sociedad. Aparentemente, la explicación de la importancia que se le ha dado al problema se debe buscar en otra parte: por un lado, en disputas internas de las elites por el poder; por otro lado, en ciertas exigencias planteadas desde el contexto internacional (globalización), que presionan a las elites hacia ciertas actitudes frente al manejo del Estado y del sistema productivo».

Aroca concluye en su trabajo de investigación que los medios de comunicación resultan indispensables para la formación de una opinión colectiva, especialmente sobre una cuestión tan secreta y clandestina por definición. «Sin embargo -asegura- su interés está en función de la actualidad de la noticia; una vez que ésta pierde actualidad pasa al olvido contribuyendo a que los ciudadanos comunes mantengan una actitud apática en esencia. Es correcto que la ineficiencia de los servicios públicos genera corrupción; pero también es cierto que el nivel de integración social y la percepción social son bajas. No se puede pretender una óptima relación del ciudadano común con las reglas institucionales si aquél se encuentra fuera o se siente fuera de los propósitos de la sociedad». Lo peor, en todo caso, de la institucionalización de las corruptelas de mayor y menor grado, en los ámbitos de la política y del Estado, es esa percepción de normalidad que el ciudadano acaba finalmente por aceptar como si se tratara de un mal menor. Luego, el más común de los ciudadanos acabará por hacer suyas esas prácticas. Todo dentro de la normalidad.