SOCIEDAD
Detectan divorcios falsos en Sevilla para obtener plaza en colegios concertados
Las rupturas matrimoniales registradas en los juzgados aumentaron un 50% en el mes previo a la presentación de solicitudes de escolarización de los hijos
18.03.08 -
Todo vale para ofrecer lo mejor a los hijos. Hasta separarse o divorciarse de la pareja con el fin de lograr una plaza en un colegio concertado para el más pequeño de la casa. Es lo que algunos juzgados de familia de Sevilla sospechan que han hecho padres de la capital hispalense, ante el importante aumento de rupturas matrimoniales que se produjeron en marzo de 2007, fecha en la que se presentaban las solicitudes de escolarización. Este año el fenómeno se ha vuelto a repetir. Es la forma de obtener puntos para que los hijos entren en un colegio concertado.
Todo empezó a raíz del decreto de escolarización de 2007 que regula las bases en las que se puede acceder a un colegio público o concertado en la Comunidad andaluza. Este texto introdujo por primera vez la posibilidad de que los hijos de divorciados y separados pudieran tener ventajas a la hora de acceder a un centro escolar. Las estadísticas demostraron que en el mes de marzo se dispararon hasta en un 50% las rupturas en los Juzgados de Familia de Sevilla, lo que sembró las primeras dudas sobre la autenticidad de esas solicitudes.
Se disparan las demandas
En enero de 2007, se presentaron en los Juzgados de Familia de Sevilla 259 de divorcios, de los que 134 eran de mutuo acuerdo. En marzo, las peticiones de divorcio se dispararon inexplicablemente hasta las 387, de las que 206 fueron de mutuo acuerdo.
Así pues, en un solo mes aumentaron un 50%. Las separaciones de mutuo acuerdo sufrieron la misma evolución. De 15 solicitudes mensuales se pasó a 27 en febrero y a 26 en marzo de 2007, precisamente los meses previos al proceso de peticiones de escolarización.
El hecho de que los divorcios y separaciones crecieran en esta época llamó la atención en varios juzgados de Familia, acostumbrados a que las rupturas matrimoniales se dispararan en otras fechas del año, sobre todo en octubre y enero, es decir, tras las vacaciones de verano y Navidad, cuando más desgaste se produce en las parejas por la estrecha convivencia fuera de la jornada laboral.
Algunos juzgados de Familia han detectado algunas solicitudes «sospechosas» de simular un divorcio o una separación para obtener puntos extras en el proceso de selección de peticiones de escolarización.
Llama la atención otro síntoma: las prisas que muchas de esas parejas tienen por conseguir antes del 31 de marzo -fecha en que termina el plazo para pedir una plaza escolar- la sentencia de divorcio o separación con el fin de inscribirla en el Registro Civil o incluir copia de la misma en la solicitud de plaza del colegio elegido. Fuentes judiciales han señalado a este periódico que hay quien consigue formalizar su ruptura en apenas diez días, aunque lo normal es que el proceso se alargue entre dos y tres semanas.
Los matrimonios con separación de bienes que solicitan la separación o el divorcio de mutuo acuerdo lo tienen más fácil, ya que esas condiciones acelera enormemente el proceso.
No es un delito
Algunos juzgados incluso han detectado que hay parejas que, semanas después de separarse, tras concluir el proceso de escolarización y tras conseguir plaza en el centro escolar elegido, vuelven al Juzgado para solicitar la reconciliación, lo que les permite inscribir de nuevo la unión en el Registro Civil.
Pero poco se puede hacer, porque, a pesar de que existen sospechas de rupturas falsas, estas no pueden ser consideradas delitos, al contrario de lo que sucede en los matrimonios de conveniencia, que sí son un delito contra la Administración de Justicia.
El pasado año, la Junta de Andalucía detectó hasta 26 casos de fraude por parte de padres que alegaron estar separados o divorciados para obtener más puntos en la solicitud de plaza escolar para sus hijos. Después la Policía confirmó que ambos cónyuges continuaban conviviendo en el mismo domicilio.
La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía recibió el pasado año 731 reclamaciones por fraude en las solicitudes escolares de 72 centros concertados y 9 públicos de la provincia de Sevilla. De todas ellas, 287 fueron estimadas, 26 de ellas por no cumplir los requisitos para ser una familia monoparental.
La Junta concede desde el pasado año dos puntos adicionales a las familias monoparentales, lo que les da una ventaja para entrar en un colegio concertado o público frente a los que sólo tienen puntos por domicilio o trabajo. En el capítulo II de la Ley 12/2006, de 27 de diciembre sobre fiscalidad complementaria del Impuesto de la Comunidad de Andalucía, se especifica qué es una familia monoparental: «La formada por la madre o el padre y todos los hijos que convivan con uno u otro y que reúnan los siguientes criterios: hijos menores de edad, con excepción de los que, con el consentimiento de los padres, vivan independientes de éstos; e hijos mayores de edad incapacitados judicialmente sujetos a patria potestad prorrogada o rehabilitada». Hecha la ley, hecha la trampa.
Todo empezó a raíz del decreto de escolarización de 2007 que regula las bases en las que se puede acceder a un colegio público o concertado en la Comunidad andaluza. Este texto introdujo por primera vez la posibilidad de que los hijos de divorciados y separados pudieran tener ventajas a la hora de acceder a un centro escolar. Las estadísticas demostraron que en el mes de marzo se dispararon hasta en un 50% las rupturas en los Juzgados de Familia de Sevilla, lo que sembró las primeras dudas sobre la autenticidad de esas solicitudes.
Se disparan las demandas
En enero de 2007, se presentaron en los Juzgados de Familia de Sevilla 259 de divorcios, de los que 134 eran de mutuo acuerdo. En marzo, las peticiones de divorcio se dispararon inexplicablemente hasta las 387, de las que 206 fueron de mutuo acuerdo.
Así pues, en un solo mes aumentaron un 50%. Las separaciones de mutuo acuerdo sufrieron la misma evolución. De 15 solicitudes mensuales se pasó a 27 en febrero y a 26 en marzo de 2007, precisamente los meses previos al proceso de peticiones de escolarización.
El hecho de que los divorcios y separaciones crecieran en esta época llamó la atención en varios juzgados de Familia, acostumbrados a que las rupturas matrimoniales se dispararan en otras fechas del año, sobre todo en octubre y enero, es decir, tras las vacaciones de verano y Navidad, cuando más desgaste se produce en las parejas por la estrecha convivencia fuera de la jornada laboral.
Algunos juzgados de Familia han detectado algunas solicitudes «sospechosas» de simular un divorcio o una separación para obtener puntos extras en el proceso de selección de peticiones de escolarización.
Llama la atención otro síntoma: las prisas que muchas de esas parejas tienen por conseguir antes del 31 de marzo -fecha en que termina el plazo para pedir una plaza escolar- la sentencia de divorcio o separación con el fin de inscribirla en el Registro Civil o incluir copia de la misma en la solicitud de plaza del colegio elegido. Fuentes judiciales han señalado a este periódico que hay quien consigue formalizar su ruptura en apenas diez días, aunque lo normal es que el proceso se alargue entre dos y tres semanas.
Los matrimonios con separación de bienes que solicitan la separación o el divorcio de mutuo acuerdo lo tienen más fácil, ya que esas condiciones acelera enormemente el proceso.
No es un delito
Algunos juzgados incluso han detectado que hay parejas que, semanas después de separarse, tras concluir el proceso de escolarización y tras conseguir plaza en el centro escolar elegido, vuelven al Juzgado para solicitar la reconciliación, lo que les permite inscribir de nuevo la unión en el Registro Civil.
Pero poco se puede hacer, porque, a pesar de que existen sospechas de rupturas falsas, estas no pueden ser consideradas delitos, al contrario de lo que sucede en los matrimonios de conveniencia, que sí son un delito contra la Administración de Justicia.
El pasado año, la Junta de Andalucía detectó hasta 26 casos de fraude por parte de padres que alegaron estar separados o divorciados para obtener más puntos en la solicitud de plaza escolar para sus hijos. Después la Policía confirmó que ambos cónyuges continuaban conviviendo en el mismo domicilio.
La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía recibió el pasado año 731 reclamaciones por fraude en las solicitudes escolares de 72 centros concertados y 9 públicos de la provincia de Sevilla. De todas ellas, 287 fueron estimadas, 26 de ellas por no cumplir los requisitos para ser una familia monoparental.
La Junta concede desde el pasado año dos puntos adicionales a las familias monoparentales, lo que les da una ventaja para entrar en un colegio concertado o público frente a los que sólo tienen puntos por domicilio o trabajo. En el capítulo II de la Ley 12/2006, de 27 de diciembre sobre fiscalidad complementaria del Impuesto de la Comunidad de Andalucía, se especifica qué es una familia monoparental: «La formada por la madre o el padre y todos los hijos que convivan con uno u otro y que reúnan los siguientes criterios: hijos menores de edad, con excepción de los que, con el consentimiento de los padres, vivan independientes de éstos; e hijos mayores de edad incapacitados judicialmente sujetos a patria potestad prorrogada o rehabilitada». Hecha la ley, hecha la trampa.
