Se trata de un decreto pionero en España, en cuya elaboración han participado sociedades protectoras y colegios veterinarios de Andalucía, que pretende incrementar «la seguridad integral de la población», según ha explicado la consejera de Gobernación , Evangelina Naranjo. Esta medida responde a una demanda de las asociaciones defensoras de animales y de entidades conservacionistas, que advierten de la distorsión de los ecosistemas autóctonos con la entrada de estas especies. Una vez que entre en vigor -en el plazo de dos semanas- este tipo de animales solo podrán encontrarse en aquellas instalaciones adecuadas, públicas o privadas, que hayan sido autorizadas por la Junta de Andalucía.
Con esta medida, tendrán que salir de viviendas y propiedades particulares los cocodrilos, caimanes y todas aquellas especies de reptiles que, en estado adulto, alcancen los dos kilos de peso. También afecta a los anfibios, artrópodos y peces venenosos o cuya mordedura pueda causar daños importantes a las personas, así como a todos los primates y los mamíferos de especies salvajes que, en estado adulto, superen los diez kilos de peso, un límite que baja a cinco kilos cuando se trata de especies carnívoras. Según detalló los propietarios de estos animales tendrán desde la entrada en vigor de la norma seis meses para comunicarlo a sus ayuntamientos y entregar el ejemplar a las autoridades con lo que evitarán las multas estipuladas.





