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La Junta prohíbe las mascotas de razas peligrosas e impone un seguro
El decreto es pionero en España y establece sanciones de hasta 150.000 euros En seis meses los propietarios deberán entregar sus animales al ayuntamiento
15.02.08 -

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Ni serpientes, ni caimanes ni cocodrilos o leones. Las mascotas salvajes o exóticas que puedan poner en riesgo la integridad de personas o del medio ambiente no tienen espacio en la comunidad andaluza, según un decreto aprobado por el ejecutivo autonómico. La norma, que establece sanciones para sus propietarios que pueden llegar a alcanzar los 115.000 euros, obliga además a suscribir un seguro de responsabilidad civil en el caso de tenencia de perros pertenecientes a las consideradas razas peligrosas, entre las que se incluyen los doberman o los pitt bull, y a tener un permiso municipal especial.

Se trata de un decreto pionero en España, en cuya elaboración han participado sociedades protectoras y colegios veterinarios de Andalucía, que pretende incrementar «la seguridad integral de la población», según ha explicado la consejera de Gobernación , Evangelina Naranjo. Esta medida responde a una demanda de las asociaciones defensoras de animales y de entidades conservacionistas, que advierten de la distorsión de los ecosistemas autóctonos con la entrada de estas especies. Una vez que entre en vigor -en el plazo de dos semanas- este tipo de animales solo podrán encontrarse en aquellas instalaciones adecuadas, públicas o privadas, que hayan sido autorizadas por la Junta de Andalucía.

Con esta medida, tendrán que salir de viviendas y propiedades particulares los cocodrilos, caimanes y todas aquellas especies de reptiles que, en estado adulto, alcancen los dos kilos de peso. También afecta a los anfibios, artrópodos y peces venenosos o cuya mordedura pueda causar daños importantes a las personas, así como a todos los primates y los mamíferos de especies salvajes que, en estado adulto, superen los diez kilos de peso, un límite que baja a cinco kilos cuando se trata de especies carnívoras. Según detalló los propietarios de estos animales tendrán desde la entrada en vigor de la norma seis meses para comunicarlo a sus ayuntamientos y entregar el ejemplar a las autoridades con lo que evitarán las multas estipuladas.
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