ALMERÍA
Los menores de la provincia pasan por el juzgado el doble de veces que hace dos años
El aumento de los juicios es del 118% y Chamizo muestra su preocupación ante el dato La amonestación es una fórmula más frecuente en Almería que en el resto de Andalucía
El número de menores enjuiciados va en aumento. No sólo en la provincia almeriense, que se ha convertido dentro de Andalucía en la que más han aumentado los casos entre 2004 y 2006, sino en toda la comunidad autónoma, donde el crecimiento ha sido de un 18,1 por ciento, según apunta el último Informe del Menor de Andalucía -correspondiente a 2006-, que el responsable de esta institución, José Chamizo, entregó ayer a la presidenta del Parlamento de Andalucía, María del Mar Moreno.
A nivel general, el documento señala que fueron enjuiciados el pasado año un total de 6.619 menores -2.299 de entre 14 y 15 años y 4.320 de entre 16 y 17 años-, frente a los 5.604 enjuiciados en 2004. Pero destaca, sin lugar a dudas, que Almería es la provincia que tuvo un mayor incremento de los casos de enjuiciamiento -con un 118,2 por ciento más-, ya que ha pasado de los 192 en 2004 a los 419 de 2006, seguido de Jaén; Huelva y Sevilla.Para Chamizo esta subida no deja de ser una «mala noticia» ya que, a su juicio, viene a demostrar que los adolescentes tienen problemas en su entorno familiar o de trastorno en el límite de sus conductas. Así las cosas, el Defensor del Pueblo y del Menor advirtió sobre la necesidad de convertir este asunto en un «problema político».
Departamento especial
En su opinión, al igual que existe un Instituto Andaluz de la Juventud quizá se debería crear también un departamento específico que tenga como prioridad la adolescencia, ya que principalmente los jóvenes de 16 y 17 años actúan con una impunidad «escalofriante» y proceden de familias estructuradas de tipo medio alto o alto. En esa línea, sentenció que los jóvenes «hacen una vida en su casa y otra completamente distinta en la calle, no tienen problemas económicos, aunque puede que sí afectivos». A pesar de la generalidad de este aumento, es cierto que cada una de las provincias presenta sus propias particularidades a la hora de hablar de los enjuiciamientos.
Según la información recogida en el texto anual que elabora la Oficina del Defensor, es especialmente llamativo que en Almería se utilizaron las amonestaciones con mayor frecuencia -en el 26,7 por ciento de las ocasiones- que en el resto de las provincias. Esa amonestación viene a significar, ni más ni menos, que la represión del infractor llevada a cabo por el juez de menores y dirigida a hacerle comprender la gravedad de los hechos cometidos y las consecuencias que han tenido o podrían haber tenido. Además, se trata de instar al menor a no volver a cometer la acción por la que se le 'riñe' en el futuro.
Esa actitud judicial se produce con aquellas conductas que no son graves, lógicamente, aunque con una mirada de conjunto también se observa un descenso en la aplicación de medidas de internamiento a favor de un incremento en otro tipo de medidas como la libertad vigilada, la realización de tareas socioeducativas y la prestación de servicios en beneficio de la comunidad, además de las ya mencionadas amonestaciones. A pesar de ello, las sentencias judiciales almerienses referentes a menores dictaron en 88 ocasiones medidas de internamientos en centros específicos de entre las que la mayoría fueron en régimen semiabierto y una exclusiva en un régimen completamente cerrado. La prestación de servicios en beneficio de la comunidad también tomó fuerza con 96 medidas -de las más bajas de Andalucía- impuestas que llegaron a 249 en una provincia cercana como Granada en la que el juez Emilio Calatayud realiza una apuesta firme por esta clase de iniciativas. La mayoría de las cuestiones que llegan ante el juez de menores en Almería se refieren, no obstante, a delitos por lesiones y no hubo ni un incidente por cuestión de asesinato en el que estuviera implicado un menor de edad durante el pasado 2006. Los robos, en muchos casos con violencia e intimidación, están entre las 'fechorías' más frecuentes de este colectivo aunque más numerosos aún son las faltas -menor que un delito en su calificación- contra las personas y la propiedad.
En relación a todas estas acciones, que pueden responder a un sentimiento de «estar totalmente inseguros», el Defensor del Menor hizo hincapié en la necesidad de aplicar «sin mayores dilaciones» la Ley de Mediación Familiar por parte del próximo Gobierno. «Debemos proponer el diálogo entre las personas, y en especial entre las familias, como vía de solución de los conflictos, sobre todo por el interés de los menores de edad», añadió el Defensor.
El informe, asimismo, apunta que la implantación de la Ley de Responsabilidad Penal del Menor se realizó con «cierta precipitación» y con «escasos recursos» para la Comunidad, por lo que exigió la asignación del presupuesto necesario para dotar al sistema de reforma juvenil de los medios personales y materiales para el cumplimiento de sus fines que pasan, entre otros, por la reinserción de los menores que han tenido un pasado delictivo. Otro de los puntos de interés que se señalan en el texto que se acaba de dar a conocer es el referente a los menores que están protegidos por la administración andaluza. Ha sido inevitable subrayar en este apartado la importancia y el aumento, de un 60 por ciento, desde el año 2000 en la cantidad de menores extranjeros no acompañados atendidos tras su llegada a Almería y Granada. Dejando a un lado estos datos, que pueden ser los de trasfondo más preocupante por su grave, se especificó por parte del Defensor del Menor que la mayoría de las quejas que recibió su Oficina en 2006 estaban relacionadas con las separaciones o divorcio y los derechos de los padres a visitar a los hijos, seguidas de las de retirada de custodia, adopciones internacionales o el acoso escolar. Son las preocupaciones cotidianas de los progenitores. Desde Almería se remitieron 26 quejas.
A nivel general, el documento señala que fueron enjuiciados el pasado año un total de 6.619 menores -2.299 de entre 14 y 15 años y 4.320 de entre 16 y 17 años-, frente a los 5.604 enjuiciados en 2004. Pero destaca, sin lugar a dudas, que Almería es la provincia que tuvo un mayor incremento de los casos de enjuiciamiento -con un 118,2 por ciento más-, ya que ha pasado de los 192 en 2004 a los 419 de 2006, seguido de Jaén; Huelva y Sevilla.Para Chamizo esta subida no deja de ser una «mala noticia» ya que, a su juicio, viene a demostrar que los adolescentes tienen problemas en su entorno familiar o de trastorno en el límite de sus conductas. Así las cosas, el Defensor del Pueblo y del Menor advirtió sobre la necesidad de convertir este asunto en un «problema político».
Departamento especial
En su opinión, al igual que existe un Instituto Andaluz de la Juventud quizá se debería crear también un departamento específico que tenga como prioridad la adolescencia, ya que principalmente los jóvenes de 16 y 17 años actúan con una impunidad «escalofriante» y proceden de familias estructuradas de tipo medio alto o alto. En esa línea, sentenció que los jóvenes «hacen una vida en su casa y otra completamente distinta en la calle, no tienen problemas económicos, aunque puede que sí afectivos». A pesar de la generalidad de este aumento, es cierto que cada una de las provincias presenta sus propias particularidades a la hora de hablar de los enjuiciamientos.
Según la información recogida en el texto anual que elabora la Oficina del Defensor, es especialmente llamativo que en Almería se utilizaron las amonestaciones con mayor frecuencia -en el 26,7 por ciento de las ocasiones- que en el resto de las provincias. Esa amonestación viene a significar, ni más ni menos, que la represión del infractor llevada a cabo por el juez de menores y dirigida a hacerle comprender la gravedad de los hechos cometidos y las consecuencias que han tenido o podrían haber tenido. Además, se trata de instar al menor a no volver a cometer la acción por la que se le 'riñe' en el futuro.
Esa actitud judicial se produce con aquellas conductas que no son graves, lógicamente, aunque con una mirada de conjunto también se observa un descenso en la aplicación de medidas de internamiento a favor de un incremento en otro tipo de medidas como la libertad vigilada, la realización de tareas socioeducativas y la prestación de servicios en beneficio de la comunidad, además de las ya mencionadas amonestaciones. A pesar de ello, las sentencias judiciales almerienses referentes a menores dictaron en 88 ocasiones medidas de internamientos en centros específicos de entre las que la mayoría fueron en régimen semiabierto y una exclusiva en un régimen completamente cerrado. La prestación de servicios en beneficio de la comunidad también tomó fuerza con 96 medidas -de las más bajas de Andalucía- impuestas que llegaron a 249 en una provincia cercana como Granada en la que el juez Emilio Calatayud realiza una apuesta firme por esta clase de iniciativas. La mayoría de las cuestiones que llegan ante el juez de menores en Almería se refieren, no obstante, a delitos por lesiones y no hubo ni un incidente por cuestión de asesinato en el que estuviera implicado un menor de edad durante el pasado 2006. Los robos, en muchos casos con violencia e intimidación, están entre las 'fechorías' más frecuentes de este colectivo aunque más numerosos aún son las faltas -menor que un delito en su calificación- contra las personas y la propiedad.
En relación a todas estas acciones, que pueden responder a un sentimiento de «estar totalmente inseguros», el Defensor del Menor hizo hincapié en la necesidad de aplicar «sin mayores dilaciones» la Ley de Mediación Familiar por parte del próximo Gobierno. «Debemos proponer el diálogo entre las personas, y en especial entre las familias, como vía de solución de los conflictos, sobre todo por el interés de los menores de edad», añadió el Defensor.
El informe, asimismo, apunta que la implantación de la Ley de Responsabilidad Penal del Menor se realizó con «cierta precipitación» y con «escasos recursos» para la Comunidad, por lo que exigió la asignación del presupuesto necesario para dotar al sistema de reforma juvenil de los medios personales y materiales para el cumplimiento de sus fines que pasan, entre otros, por la reinserción de los menores que han tenido un pasado delictivo. Otro de los puntos de interés que se señalan en el texto que se acaba de dar a conocer es el referente a los menores que están protegidos por la administración andaluza. Ha sido inevitable subrayar en este apartado la importancia y el aumento, de un 60 por ciento, desde el año 2000 en la cantidad de menores extranjeros no acompañados atendidos tras su llegada a Almería y Granada. Dejando a un lado estos datos, que pueden ser los de trasfondo más preocupante por su grave, se especificó por parte del Defensor del Menor que la mayoría de las quejas que recibió su Oficina en 2006 estaban relacionadas con las separaciones o divorcio y los derechos de los padres a visitar a los hijos, seguidas de las de retirada de custodia, adopciones internacionales o el acoso escolar. Son las preocupaciones cotidianas de los progenitores. Desde Almería se remitieron 26 quejas.
