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El alcalde de Huércal-Overa, imputado por la justicia, niega la «prevaricación»
Luis García Collado declaró también por un presunto delito de tráfico de influencias en el PGOU, que ha generado plusvalías millonarias
17.11.07 -

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El alcalde de Huércal Overa, Luis García Collado (PSOE), indicó ayer que su declaración ante la titular del Juzgado de Instrucción número 2 del municipio, María Isabel Jiménez-Alfaro, en calidad de imputado por la presunta comisión de un presunto delito de prevaricación y otro de tráfico de influencias al redactar el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de la localidad, ha «desmontado» la trama de «manipulación» y «tergiversación» en la que el PP argumentó su demanda.

García Collado aseguró que el PGOU, que está según él pendiente de la aprobación definitiva por parte de la Junta de Andalucía, no tiene «nada que ocultar» y que así lo demuestran los documentos aportados al juez, a los que añadirá la próxima semana más información para demostrar la «legalidad» de sus actuaciones.

El alcalde de Huércal Overa incidió en la demostración «clara y contundente» de que «no existe ninguna prevaricación» y confió en que el procedimiento se pueda sobreseer «en breve espacio de tiempo» porque -reiteró- «no hay irregularidades en el PGOU, que es acorde con las necesidades y el crecimiento del municipio».

Asimismo anunció que el resto de imputados, los dos concejales del equipo de gobierno Dolores Martínez y Tomás Benítez, un técnico municipal y el propietario de la promotora inmobiliaria Dizu, Tomás Zurano, quedaron también «satisfechos» de la declaración prestada ayer en el juzgado.

Contra el PP

Por último, adelantó que una vez termine este proceso, sus abogados están estudiando la posibilidad de emprender acciones legales contra el PP por «engañar y manipular» a la opinión pública.

Por su parte, el portavoz municipal del PP, Diego Ortega, reveló a Europa Press que las declaraciones del alcalde fueron «ambiguas» y que se limitó a argumentar que «todo se ajusta a la legalidad» y al «interés general».

Asimismo añadió que la juez ha requerido más documentación, como también solicitará el PP, y que probablemente llamará a declarar a más personas como testigos e imputados.

La investigación del Juzgado de Instrucción número dos de Huércal Overa se inició el pasado 28 de junio a raíz de una denuncia interpuesta y tramitada por la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Almería que vio indicios de delito en la redacción del planeamiento urbano del municipio, tras lo que la juez ordenó el pasado mes de octubre la apertura de diligencias previas.

La citada denuncia señalaba posibles irregularidades que habrían derivado en plusvalías millonarias gracias a la recalificación de suelo. En concreto, el equipo de gobierno huercalense habría incluido en el documento aprobado inicialmente en julio de 2005 terrenos rústicos que, tras ser vendidos por su propietarios, habrían pasado a ser urbanos y multiplicar, por tanto, su valor.

La denuncia del PP de Huércal-Overa ante el Ministerio Público cifra en 800 millones de euros las citadas plusvalías de un PGOU que fue el primero en ser aprobado en 2007 por la Comisión Provincial de Urbanismo tras adaptar su contenido a Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía.
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