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ALMERÍA - JAÉN - GRANADA | Personalizar edición | RSS | ed. impresa | Regístrate | Miércoles, 22 octubre 2014

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El Gobierno indemnizará a la familia de Javier Verdejo a los 31 años de su muerte
La Ley de Memoria Histórica destina 135.000 euros a cada muerte entre enero de 1968 y octubre del 77 «en defensa de la Democracia»

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Los familiares de Javier Verdejo podrán cobrar una indemnización de 135.000 euros por la muerte del joven de 19 años a manos de la Guardia Civil en el barrio de El Zapillo hace 31 años.

El caso de este almeriense, que militaba en la Joven Guardia Roja y que murió después de ser perseguido y disparado cuando estaba pintando en un muro del balneario de San Miguel 'Pan, Trabajo y Libertad', es uno de los 40 que hasta el momento han sido recogidos por diferentes grupos parlamentarios y que podrán acogerse a uno de los artículos de la controvertida Ley de Memoria Histórica.

El documento, que debe de ser analizado en el Senado y que ya ha sido aprobado en el Congreso, precisa en su artículo décimo el pago de esta compensación a los muertos entre el 1 de enero de 1968 y el 6 de octubre de 1977, cuando se promulgó la Ley de Amnistía, por acción de las fuerzas de seguridad o por excesos de estas. Una vez que la cámara alta apruebe el proyecto de Ley de Memoria Histórica, la norma entre en vigor y se elabore el reglamento que la desarrollará, los hijos, el cónyuge o «la persona con la que hubiere venido conviviendo» -en el caso de Javier Verdejo, sus padres o hermanos- la persona muerta «en defensa de la democracia» se podrá cobrar la indemnización de 135.000 euros.

Además del fallecimiento del hijo del que fuera alcalde de Almería durante el franquismo Guillermo Verdejo, los diferentes grupos parlamentarios han señalado otros casos como los de Pedro María Martínez, Francisco Aznar, Romualdo Barroso, José Luis Castillo y Bienvenido Perea, caídos bajo los disparos de la policía el 3 de marzo de 1976 en la iglesia de San Francisco de Vitoria, en la que estaban encerrados por un conflicto laboral; el de Juan Gabriel Rodrigo, fallecido en Tarragona el 5 de marzo de 1973 cuando huía de la Policía; o el de Teófilo del Valle, muerto por disparos de las fuerzas de seguridad en una manifestación en la localidad alicantina de Elda por la negociación del convenio colectivo del calzado.

En igual situación se encuentran los deudos del estudiante Enrique Ruano, fallecido en Madrid en 1969, cuando era interrogado en una comisaría y que, según la versión oficial, se suicidó tirándose por la ventana, aunque sus familiares y amigos aseguran que fue arrojado por ella por los agentes; de Vicente Antón Ferrero, también estudiante de 18 años, muerto el 8 de marzo de 1976 en la localidad vizcaína de Basauri durante una manifestación.

El problema que se presenta ahora es que la redacción del artículo décimo de la ley de memoria es muy genérica por lo que el reglamento de la ley, una vez que se apruebe en el Senado, pondrá coto y establecerá las condiciones exigibles para tener acceso a las indemnizaciones. También determinará el organismo judicial o administrativo que resolverá qué personas murieron «en defensa de la democracia». En definitiva, que el reglamento colocará el tamiz o los filtros necesarios para que no se produzcan fraudes de ley.

Agosto de 1976

Muchos recuerdan la muerte de Javier Verdejo en Almería. Fue en agosto de 1976. El joven estudiante de primero de Biología en Granada ya tendría 50 años si no hubiera salido la noche del día 13 con unos compañeros a hacer una pintada en San Miguel. Poco se sabe de lo que realmente sucedió salvo que una llamada desde el cuartel alertó a la familia de que estaba allí. En principio, eso sí, no sabían que estaba muerto. La explicación oficial que la Guardia Civil ofreció en su momento fue que soprendió al grupo de amigos y que estos «salieron corriendo». Les dieron el 'alto' y no pararon. Uno de los guardias salió detrás de Javier Verdejo cuando, según la nota oficial, «tropezó y su arma, un Z-62, se le disparó causando la muerte de uno de los que huían».

El Partido del Trabajo, al que pertenecía Verdejo, no veía las cosas tan claras. El abogado que sirvió de enlace con la prensa como portavoz de los grupos de izquierda, Ernesto Ruiz, aseguró a IDEAL que el levantamiento del cadáver en la playa se hizo en presencia de un juez pero al partido no le cuadraba un detalle: El hallazgo de restos de sangre en una caseta de baño. Tomaron una muestra y la mandaron a analizar a través de un notario a un laboratorio de Madrid para corroborar si se trataba de la de Verdejo. Nunca supieron el resultado del análisis ya que «las diligencias se cerraron» por la falta de denuncia de la familia. En aquel momento la acusación popular no era común. El juzgado militar zanjó un asunto que años después se sigue rememorando.
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