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Almería, 16 jul (EFE).- El portavoz de Hacienda del Grupo Socialista, Jesús María Ruiz, ha instado hoy al presidente del PP-A, Juanma Moreno, a "levantar su voz frente al Gobierno de Mariano Rajoy" tras el anuncio de que se recurrirá ante el Tribunal Constitucional la jornada de 35 horas en el sector público andaluz.

"Moreno tiene la oportunidad de mirar a la cara a los empleados públicos, a más de 250.000 personas y decirles que está dispuesto a defender sus derechos, que va a levantar su voz para que aquello que se aprobó en el Parlamento de Andalucía con la abstención del PP-A pueda seguir siendo un derecho consolidado", ha dicho Ruiz en declaraciones a los medios en Almería.

El diputado socialista ha expresado su deseo de que Moreno "defienda" a Andalucía y a los empleados públicos "dando la cara" ante este "atropello" al conjunto de los servicios públicos y los "derechos de toda la ciudadanía".

Asegura que el PSOE seguirá defendiendo de forma "inequívoca y contundente" los derechos de este colectivo que permite unos "servicios públicos de calidad, eficientes y al servicio del conjunto de la ciudadanía" y buscando el apoyo de los grupos parlamentarios.

"La medida que ha anunciado el Gobierno es un verdadero atropello a los derechos de los empleados públicos, esos más de 250.000 empleados públicos que sostienen con su trabajo y con su esfuerzo, los servicios públicos esenciales que son característica de una política progresista y de igualdad de oportunidades para todos los andaluces", ha incidido.

Ruiz ha afirmado que entre las medidas de recuperación de derechos perdidos por los trabajadores durante la crisis se encuentra la instauración de la jornada de 35 horas, que ha permitido "contratar en torno a 7.000 personas en el conjunto de los servicios públicos, fundamentalmente salud"

"Ahora está previsto una contratación en torno a 2.400 personas en las áreas de educación", ha añadido el parlamentario socialista, quien asegura que con el recurso a la jornada de 35 horas el PP "de nuevo castiga a los empleados público, a Andalucía, a los servicios públicos y al empleo" además de poner "en riesgo el empleo, el trabajo de esas más de 7.000 personas que ya estaban contratadas".