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Granada, 19 jun (EFE).- Los presidentes de las diputaciones de Sevilla, Jaén, Córdoba, Huelva, Cádiz y Granada, las seis gobernadas por el PSOE, han acordado reclamar autonomía para invertir el superávit de las entidades locales, que han cifrado en 1.400 millones, para poder así hacer una oferta de empleo público.

La petición la materializarán a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) con una iniciativa para pedir al Gobierno que las instituciones provinciales puedan hacer una oferta de empleo público para cubrir las vacantes por jubilaciones con el dinero procedente de su superávit.

Así lo han detallado los presidentes de las seis administraciones provinciales, que se han reunido en Granada y han recordado que actualmente no pueden generar empleo público por la regla de gasto impuesta por el Gobierno central para las entidades locales.

Los representantes de las diputaciones han abordado, entre otras cuestiones, las consecuencias que tiene para las entidades locales la aplicación de esta regla de gasto del Gobierno que les impiden, entre otras cuestiones, desarrollar planes de empleo, adquirir vehículos de servicios públicos como bomberos o recogida de basura, o de realizar inversiones en parques y otros espacios públicos.

El presidente de la Diputación de Granada, José Entrena, ha destacado como ejemplo que esta administración provincial cerró el ejercicio pasado con un superávit de 43,6 millones, de los que 18,2 tienen que dedicarse a amortizar deuda cuando podrían invertirse para cubrir necesidades de los municipios de la provincia.

El presidente de la Diputación de Sevilla y de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), Fernando Rodríguez Villalobos, ha asegurado que el 70% de las entidades locales de Andalucía tienen superávit y ha cifrado en 1.200 millones el superávit de estos entes locales, junto a otros 200 millones de las diputaciones.

"Queremos autonomía local para decidir en qué gastar el superávit", ha afirmado Villalobos en un encuentro en el que han compartido además experiencias sobre la implantación de la administración electrónica en los municipios.

Han analizado también las plantillas de las instituciones y han explicado que, desde 2010, las administraciones provinciales no han podido realizar una oferta de empleo público, lo que está ocasionando importantes problemas de gestión.

Para remediarlo, han planteado llevar una iniciativa a la FEMP para pedir al Gobierno que puedan hacer una oferta de empleo público para cubrir las vacantes por jubilaciones.

Entre los asuntos tratados en la reunión destacan también el Plan de Caminos Vecinales que podrán en marcha las diputaciones a través de un convenio firmado con la Junta de Andalucía y que supondrá una inversión de 66,5 millones en la comunidad y la aplicación del grado 1 de la Ley de Dependencia.