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Piden 5,5 años a directivos de Cobre las Cruces por contaminar con arsénico

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Piden 5,5 años a directivos de Cobre las Cruces por contaminar con arsénico

Sevilla, 20 feb (EFE).- La Fiscalía de Sevilla ha pedido cinco años y medio de cárcel para tres directivos de la mina Cobre Las Cruces por contaminar con arsénico el acuífero que suministra de agua potable a varias localidades y por la "dinámica de incumplimiento" de las autorizaciones recibidas.
La Fiscalía de Medio Ambiente, en un escrito al que ha tenido acceso Efe, recuerda que Cobre Las Cruces recibió en el 2003 autorización de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) para sus operaciones de drenaje e inyección de aguas en sus instalaciones mineras situadas entre las localidades sevillanas de Gerena, Guillena y Salteras.
La dinámica de la empresa fue un "número importante de incumplimientos", según la Fiscalía, y entre otros en julio del 2006 inició la extracción de aguas y su inyección en el acuífero "sin haberse aprobado el acta de reconocimiento de las obras".
Entre otros riesgos, la CHG detectó concentraciones de arsénico superiores a las permitidas, pese a ser una sustancia declarada peligrosa en el Decreto correspondiente, con el correspondiente peligro de que pudiera contaminar el acuífero Niebla-Posadas, del que se abastece el consumo humano en diversas poblaciones de la provincia de Sevilla, según recuerda la Fiscalía.
A su vez, la CHG apreció una detracción ilegal de aguas, derivada del incumplimiento de la obligación de mantener un equilibrio entre los volúmenes de agua extraídos e inyectados, que en los primeros meses del 2007 llegó al ser inferior al 43% del previsto.
Los daños por detracción ilegal de aguas fueron valorados en 249.521 euros, señala el escrito de acusación, que pide que la empresa sea condenada a devolver esa cantidad, junto a otros gastos como los 34.688 euros por contaminación de las aguas subterráneas.
Asimismo, fue detectada en el 2006 una inyección de aguas de un sector en otro, lo que estaba prohibido por las condiciones aprobadas, lo que la empresa "intentó justificar a posteriori en un documento de 14 de febrero de 2008".
La CHG detectó también la existencia de balsas de captación y acumulación de aguas sin licencia que habían provocado "una grave alteración del natural discurrir de las aguas, impidiendo la expansión de las avenidas, con posibles daños a personas, bienes y medioambiente", dice la Fiscalía, que recuerda que todo ello vulneraba la Ley de Aguas y el correspondiente reglamento.
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