Granada, 10 ago (EFE).- El portavoz del PSOE en la Comisión de Sanidad del Congreso, José Martínez Olmos, ha calificado hoy de "injusta y xenófoba" la decisión del Gobierno de no atender a los inmigrantes indocumentados y ha reprochado la política "de amenazas y obstrucción" frente a sanitarios que hagan objeción de conciencia.
Así lo ha manifestado en rueda de prensa Martínez Olmos, que ha reprochado a la que considera "desaparecida" ministra de Sanidad, Ana Mato, que esté "cargándose" el Estado de Bienestar.
"Mato desde la distancia ha provocado una implosión de los derechos de inmigrantes que trabajan sin papeles, atacando a los más débiles en vez de buscar a las empresas o personas que los tienen trabajando sin papeles", ha criticado el portavoz socialista.
Martínez Olmos ha pronosticado que el recorte sanitario a los inmigrantes en situación irregular resultará "ineficaz y más costoso" para la sociedad y ha avisado que las restricciones a la asistencia sanitaria afectarán a la seguridad ciudadana.
"El Gobierno central, un gobierno sin alma, ha demostrado ser injusto y xenófobo, que pide el carné de España para acceder a un derecho de la humanidad", ha sentenciado.
El portavoz del PSOE ha recalcado que los inmigrantes usan un 40 por ciento menos los servicios sanitarios que los españoles y ha destacado que la atención a inmigrantes en Andalucía representa sólo el 0,5 por ciento del gasto sanitario total.
Según ha expuesto, la falta de una atención de prevención de enfermedades hará más costosos los tratamientos de urgencias y, en caso de una pandemia como la gripe A, habrá medio millón de personas que no tendrán acceso médico, por lo que la medida no ofrece garantías de una protección a toda la comunidad.
El socialista ha subrayado que la atención sanitaria "por primera vez en la Democracia" se ha convertido en el quinto problema para los españoles, una asistencia que siempre ha destacado por la alta valoración ciudadana y ha culpado a Ana Mato de "desmantelar" derechos, "algo que ni Aznar hizo".
El PSOE ha reprochado además al Gobierno central que no atienda sus alternativas para ahorrar 7.000 millones de euros en la Sanidad, apoyadas en la subasta de medicamentos, los impuestos del tabaco y el alcohol o una central de compras, y prefiera denegar el servicio a los más "débiles".
