Zaragoza, 29 jun (EFE).- El Gobierno de Aragón va a reducir la cifra de liberados sindicales con que cuenta en alrededor de 40, sobre los 239 que tiene en la actualidad en total, lo que supone una disminución del 16,74 por ciento.
Esta medida, con la que la comunidad ajustará el número de horas sindicales al año a la normativa legal, permitirá un ahorro de dos millones de euros anuales, al volver a sus puestos los antes dispensados, indican en una nota fuentes del ejecutivo autonómico.
Esta es una de las cuestiones que ha tratado hoy la Mesa General de Negociación de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
La aplicación de la regulación legal mínima sobre derechos y garantías sindicales y la adaptación del caso aragonés a los Estatutos Básico del Empleado Público (EBEP) y de los Trabajadores dependerá cualquier de la negociación sectorial que se llevará a cabo a partir de ahora.
La mesa, en la que participan representantes del Gobierno de Aragón (Administración General, Justicia, Sanidad y Educación) y de los sindicatos Comisiones Obreras, UGT, CSI-F y Cemsatse, ha debatido también otras medidas que en materia de función pública se van a poner en marcha a corto y medio plazo.
Entre ellas, la nueva Ley de Función Pública, compromiso del Gobierno de Aragón para la presente legislatura que busca elaborar una norma aragonesa que desarrolle la competencia autonómica completando la normativa contenida en el Estatuto Básico del Empleado Público aprobado en 2007
Este estatuto, a día de hoy, tiene preceptos -como los relativos a la carrera profesional, derechos retributivos y provisión de puestos- que no producen efectos en tanto en cuanto no hay leyes de función pública que los desarrollen.
La Dirección General de Función Pública del Gobierno de Aragón ha trabajado durante los últimos meses en un documento que se abre ahora a un amplio proceso de participación con diversas instituciones de la comunidad, la Universidad de Zaragoza y colegios profesionales.
Posteriormente se negociará con las centrales sindicales antes de que comience la elaboración del anteproyecto.
La Mesa General de Negociación de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón ha analizado igualmente otros aspectos como la no aportación del gobierno aragonés al Plan de Pensiones de la Diputación General de Aragón, administraciones locales y otras entidades e instituciones de la comunidad durante el ejercicio 2012.
Esta medida la aprobará próximamente el Consejo de Gobierno y deriva de la necesidad de cumplir con el Real Decreto Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público.
Supone dejar de gastar en el caso del Gobierno de Aragón siete millones de euros en 2012. EFE
