Madrid, 15 abr (EFE).- El Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC) constituirá un comité de expertos que asesorará a los grupos parlamentarios durante la tramitación de la ley de Transparencia, dentro de la misión de ayudar a la regeneración democrática que le ha encomendado el Gobierno.
En una entrevista con la Agencia Efe, el director de esta institución, Benigno Pendás, ha destacado como prioridad de su mandato ese encargo expreso -contribuir a la regeneración democrática- que ha hecho al centro la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.
Con este fin, el próximo día 26 se constituirá un comité integrado por académicos, economistas, sociólogos, politólogos y responsables de las organizaciones de estudio de la transparencia y el acceso a la información -como Transparencia Internacional o la Coalición Proacceso-, además de los miembros de la administración que han trabajado en la redacción de la ley.
El CEPC es un organismo dependiente de Ministerio de la Presidencia cuya misión es fomentar el análisis de la realidad jurídica y sociopolítica, prestando especial atención al Derecho español y a las instituciones de países iberoamericanos.
Sáenz de Santamaría ha encargado a esta institución la elaboración de un libro blanco sobre la regeneración democrática, un objetivo que, según su director, orientará la actividad del centro en los próximos años, "respetando sus señas de identidad: dar soporte académico e intelectual a los planteamientos políticos".
Pendás ha explicado que el objetivo es responder a la inquietud de los ciudadanos sobre la distancia entre la clase política y la sociedad, "una evidencia que no se puede negar" y a la que se debe responder para que España recupere la imagen de "país serio y fiable".
El director del CEPC ha defendido la bondad de la ley de Transparencia y ha recordado que el PSOE intentó en dos ocasiones aprobar una norma similar y no lo hizo, mientras que el Gobierno de Mariano Rajoy, "en menos de cien días tiene el proyecto hecho y sometido a información pública, y ahí está".
Ha destacado que su ámbito de aplicación es muy amplio -las Cortes, el Consejo General del Poder Judicial o el Consejo de Estado, entre otros organismos, están sujetos a la ley- y que articula un derecho a la información, "naturalmente con límites", que es paralelo a la transparencia.
"¿Que eso se pueda mejorar? Es posible, pero es muy buen principio", ha aseverado Pendás quien ha hecho hincapié en la parte de la ley dedicada al buen gobierno, que convierte "en norma jurídica lo que los Gobiernos anteriores habían mantenido en el limbo de las buenas intenciones".
La ley, ha concluido, genera "sin lugar a dudas" confianza, "la palabra clave en la democracia del siglo XXI", y que sitúa "muy bien" a España en el panorama internacional.
El proyecto ha recibido más de 3.600 sugerencias de los ciudadanos en su trámite de información pública -un trámite que a su juicio debería extenderse a otras normas legales- y ha recibido más de 80.000 consultas.
Ese interés de los ciudadanos es "un éxito" y demuestra, a juicio de Pendás, que la sociedad está "mucho más preocupada" por la desafección política de lo que se cree. "Mucha gente, muchos grupos sociales, muchas pequeñas organizaciones, están deseando que les des un cauce de participación", afirma.
El comité de expertos dependerá directamente de la vicepresidenta del Gobierno y del secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, encargado de transmitir sus sugerencias a los grupos parlamentarios.
Estará integrado por entre 25 y 30 miembros -aún no está cerrada su composición- que, destaca Pendás, dedicarán "su tiempo y su esfuerzo" a mejorar la ley.
Entre ellos, el economista Jesús Lizcano, presidente de Transparencia Internacional, el catedrático de Ciencia Política Manuel Villoria, el jurista José Luis Piñar, catedrático de Derecho Administrativo y experto en protección de datos, o Juan José Lavilla, experto en la participación de los ciudadanos en la elaboración de disposiciones normativas.
El comité de expertos acompañará la tramitación del proyecto de ley y Pendás quiere que sus trabajos se prolonguen en el tiempo para evaluar la aplicación de la norma a lo largo de la legislatura.
"Al final, lo importante de las leyes no es llenar de páginas el BOE. Es que eso se aplique", ha argumentado. EFE
