(Actualiza la SV3053 con nuevos datos)
Cádiz, 15 feb (EFE).- La Fiscalía solicita 10 y 13 años de prisión respectivamente para los exdelegados de la Zona Franca de Cádiz Manuel Rodríguez de Castro y Miguel Osuna, por varios delitos relacionados con el fraude de la puesta en marcha del portal de comercio electrónico Rilco y pide que cada uno de ellos pague una multa de 8 millones de euros.
La Fiscalía de Cádiz, que ha presentado hoy este escrito, ha informado esta tarde de las peticiones del fiscal para los dos exdelegados de la Zona Franca de Cádiz, ambos designados por el PP, y para otras cuatro personas imputadas en la causa.
Así el fiscal pide diez años de prisión y una multa de ocho millones de euros para Manuel Rodríguez de Castro, quien en 2000 quien puso en marcha Rilco, por un delito continuado de fraude por obtención de ayuda de las administraciones públicas, ocultando condiciones que lo hubiesen impedido, y por los delitos de prevaricación administrativa, fraude continuado de falsedad en documento mercantil y malversación de caudales públicos.
Para Miguel Osuna, que sucedió en el cargo a Rodríguez de Castro cuando este dimitió en el 2001, el fiscal pide trece años de prisión como presunto autor de un delito continuado de fraude por incumplimiento de las condiciones establecidas alterando sustancialmente los fines para los que la ayuda fue concedida, y por los delitos de malversación de caudales públicos, encubrimiento y continuado de falsedad en documento oficial cometido por autoridad o funcionario público.
El fiscal pide también ocho años de prisión para Germán y Carmen Leiva, un matrimonio que creó una empresa radicada en Miami y a la que Zona Franca pagó 4,2 millones de euros por montar el portal informático Rilco, y cinco años de cárcel para otras dos personas que no ostentaron ningún cargo público y cuyas iniciales responden a O.R. y S.M..
El portal de comercio electrónico Rilco, diseñado para facilitar el comercio con Iberoamérica, formó parte, según un auto del juez en el que el pasado verano daba por finalizada la instrucción del sumario, de una "estrategia" que Rodríguez de Castro diseñó para incrementar su patrimonio ante su inminente salida del cargo.
Para ello se concertó con los empresarios Germán y Carmen Leiva y adjudicó a una empresa creada al afecto por este matrimonio y radicada en Miami la creación del portal.
Las acusaciones del caso, en el que está personado el PSOE y la abogacía del estado, sostienen que el montaje de este portal no costaba ni de lejos esa cantidad e incluso el juez recuerda en el auto que hubo personal que advirtió a Miguel Osuna, cuando sustituyó a Rodríguez de Castro, que estaban cobrando por un programa informático copiado de otro que era de acceso libre en Internet.
Pese a las sospechas, Miguel Osuna, según el juez, no pidió información complementaria y abonó las cantidades comprometidas con la firma MZF, que en total recibió 4,2 millones de euros.
