Sevilla, 29 ene (EFE).- La Fiscalía de Sevilla pedirá el martes condenas de hasta cuatro años de cárcel para nueve agricultores acusados de un fraude millonario en las subvenciones europeas al aceite de oliva mediante declaraciones falsas de superficies y producción.
Fuentes del caso han informado a Efe de que éste será el último de varios juicios por un fraude denunciado en 1999 por la Agencia Española del Aceite de Oliva e investigado por la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), por el que fueron denunciados varias decenas de productores.
En el juicio que celebrará el martes un juzgado penal de Sevilla, el fiscal pedirá condenas de entre uno y cuatro años de cárcel pero el Abogado del Estado, en representación de la Administración, eleva su petición para el principal imputado, Antonio M.G., a diez años de prisión por un delito contra la Hacienda Pública, ocho meses por un delito de falsedad documental, una multa de 2,8 millones de euros y una indemnización a la Agencia Tributaria de 1,4 millones.
Antonio M.G., que ya fue condenado en dos causas penales similares, pretendía, según el fiscal, "obtener pingües e ilegales beneficios" mediante certificados falsos de entrada y molturación en las almazaras o solicitando a través de la envasadora de su propiedad ayudas al consumo sin poner en el mercado las cantidades declaradas.
En un escrito de acusación al que ha tenido Efe, la Fiscalía imputa un primer fraude en una finca de Lora del Río (Sevilla) donde el acusado "no cumplía la exigencia comunitaria de ser cultivador de olivar" y "tampoco el número de olivos era real" pues de los 11.200 declarados, un total de 2.896 eran improductivos.
Añade el fiscal que en una finca de Montellano (Sevilla), el acusado dijo cultivar 19.190 olivos pero solo existían 17.987 y de ellos 770 eran improductivos, y además la producción declarada "era absolutamente irreal" pues se trataba de olivos jóvenes de 15 a 18 años y porte medio-bajo que "aún no habían logrado plena producción".
En Alcaraceños (Córdoba), los acusados declararon 88.175 olivos pero solo existían 83.680 y en la finca "La Chimorra" de esta misma provincia declararon 12.000 olivos pese a poseer solo 2.000.
Además, según el fiscal, la finca de Alcaraceños era un coto de caza mayor, por lo que "el porte de los olivos era más reducido que el resto de la zona" y se encontraban "en estado de semiabandono", según los inspectores de la Agencia del Aceite de Oliva.
Otro de los presuntos fraudes fue una solicitud de subvenciones del principal acusado para su envasadora, pese a que una inspección detectó que 1.192 quintales métricos de los 2.109 que declaró haber puesto en el mercado en junio de 1994 "no tienen existencia real".
Junto al principal imputado serán juzgados Miguel Angel A.L., que se enfrenta a tres años de cárcel, y los restantes acusados -Antonio P.R., Santiago S.R., Rafael Ramón M.M., Antonio R.V., Francisco C.A., Manuel R.D., y Manuel G.G.- a peticiones de entre uno y dos años de cárcel.
Además las acusaciones piden para ellos cinco años de inhabilitación para obtener cualquier tipo de subvención, ayuda pública o incentivos fiscales. EFE
